Preconcurso de acreedores: ventajas y vías de negociación

Si piensas que estás al borde de no poder hacer frente a determinados pagos, debes saber que existen ciertas alternativas para paliar esta incómoda situación. El preconcurso de acreedores es una herramienta legal para comunicar al juzgado el estado de insolvencia de un deudor. Hoy, te contamos en qué consiste el preconcurso de acreedores y cuáles son sus ventajas.

Cómo funciona el preconcurso de acreedores

A través de la comunicación legal al juzgado de nuestro estado insolvente, pasamos a estar protegidos frente a nuestros acreedores de forma provisional. Quiere decir que, desde el momento de la comunicación se inicia un período de negociaciones extrajudiciales. La intención es ganar tiempo, de cara a un posible concurso de acreedores, para intentar sanear la situación económica y evitar, precisamente, pasar al concurso.

Por tanto, la opción previa al concurso de acreedores, el preconcurso, es una oportunidad para negociar con los acreedores       en un plazo de tres meses. Una figura que puede ser solicitada tanto por una persona física como jurídica en situación actual, o inminente, de insolvencia. La Ley Concursal establece diferentes mecanismos de protección provisional para que empresas en situación de insolvencia puedan negociar con los acreedores. Siendo uno de ellos el preconcurso de acreedores, el cuál ofrece algunas ventajas, que te detallamos a continuación.

  • La primera ventaja es precisamente esta posibilidad de negociación, que se ha de refrendar con los acreedores en un plazo máximo de tres meses
  • Durante este periodo se evita que la empresa deudora entre en un proceso de concurso de acreedores, pudiendo desarrollar su actividad comercial con total normalidad. De esta forma, la empresa tiene tres meses para recuperar su situación económica solvente
  • Además, mientras el deudor esté en este periodo de negociación, no se podrá ejecutar ninguna acción judicial que afecte al patrimonio del mismo. Del mismo modo, tampoco podrán verse afectados judicial o extrajudicialmente los bienes necesarios de la empresa para dar continuidad a su actividad empresarial y económica

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